Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, convocó a abrir un espacio de reflexión crítica sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido recientemente al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.
El planteamiento se deja ver en su columna quincenal "Observatorio Global", donde reconoce como mérito del proyecto su intención de superar el anacronismo de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, de 1962, y del Reglamento 824, de 1971. No obstante, advierte sobre deficiencias estructurales y omisiones importantes que, a su juicio, deben ser abordadas antes de su aprobación.
Fernández apunta que, aunque la iniciativa se sustenta en principios legales nacionales e internacionales y busca regular la libertad de expresión en medios impresos, digitales, audiovisuales y algorítmicos, existe una incongruencia en el tratamiento de los medios tradicionales. Subraya que las plataformas digitales reciben atención prioritaria, mientras que la radio y la televisión modalidades ausentes en la ley vigente son abordadas de forma limitada e insuficiente.
Cuestiona igualmente la ausencia de referencias a tratados internacionales sobre telecomunicaciones, al estatuto legal de las empresas audiovisuales, y a la clasificación de los diferentes modelos de transmisión televisiva. También plantea interrogantes esenciales, como los criterios para la distribución del espectro radioeléctrico o las responsabilidades del personal que trabaja en medios audiovisuales.
En su análisis, Fernández resalta que varios países han comenzado a regular las nuevas formas de comunicación digital y algorítmica como la Unión Europea, España y Brasil, aunque se trata de un campo todavía en evolución. En ese contexto, cuestiona que el proyecto dominicano proponga reactivar la Comisión de Espectáculos Públicos bajo una nueva figura, el Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (INACOM), con potestades sancionadoras que podrían generar controversias.
El también presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) concluye que, aunque el proyecto representa una oportunidad para modernizar el marco legal sobre libertad de expresión, es indispensable someterlo a un debate amplio, riguroso y plural que garantice su coherencia, equidad y respeto a los principios democráticos.