Santo Domingo.– Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del apartamento de Ivonne Handal Abigail muestran con crudeza el horror vivido la tarde del 23 de julio de 2025 en el residencial Dorado IV, en el ensanche Naco. Ocho meses después de la tragedia, esas grabaciones vuelven al centro del debate público tras la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de declarar inimputable y ordenar la libertad pura y simple de Jean André Pumarol Fernández, señalado como responsable del ataque que dejó una mujer muerta y cinco personas heridas.
Para la familia de la víctima, las imágenes documentan no solo la brutalidad del crimen, sino también comportamientos del agresor que, a su juicio, plantean interrogantes sobre la decisión judicial que evitó que el caso fuera conocido en un juicio de fondo.
El ataque ocurrió la tarde del 23 de julio de 2025. Jean André Pumarol Fernández, ingeniero en sistemas de 30 años con historial clínico de esquizofrenia, inició la cadena de agresiones dentro de su propio apartamento. Eran las 3:05 de la tarde cuando entró a la cocina, tomó dos cuchillos de las gavetas y atacó violentamente a la empleada doméstica Griselda Ozuna Torres.
Mientras la mujer intentaba escapar gritando “¡Ay, me va a matar, me va a matar!”, el padre del agresor, Guillermo Pumarol, intervino para intentar detenerlo. El intento de socorro terminó con el propio padre herido de múltiples puñaladas.
En el edificio residen unas 42 familias.
Uno de los sobrevivientes relató que el nivel de violencia fue tan extremo que nunca había presenciado algo similar. “Él me atacó con una furia como si yo fuera su peor enemigo. Yo nunca había visto algo así, solo en películas”, dijo.
El segundo ataque ocurrió en el apartamento de Ivonne Handal Abigail, de 70 años, madre de tres hijas. Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron parte de los hechos.
Eran las 4:36 de la tarde cuando, tras escuchar golpes en la puerta, Handal pidió a su empleada doméstica, María Teresa Fabián de Heredia, que fuera a abrir.
Del otro lado estaba Jean André Pumarol, armado con dos cuchillos.
Apenas la puerta se abrió, comenzó el ataque.
La trabajadora doméstica fue la primera en recibir las estocadas. Según su testimonio, el agresor la lanzó al suelo e intentó apuñalarla repetidamente. La mujer logró refugiarse en una habitación y resistir el ataque durante largos minutos.
Mientras tanto, Ivonne Handal se convirtió en la siguiente víctima.
En los desgarradores videos, a los que tuvimos acceso y que no serán difundidos por respeto a la dignidad de la víctima, se escucha cómo, mientras recibía las estocadas, la mujer repetía desesperadamente: “Auxilio… me están matando”.
De acuerdo con sus hijas, la víctima recibió 36 puñaladas.
“Mi madre trató de alejarlo con las manos, pero tenía problemas en la espalda que no le permitían moverse con rapidez. No pudo correr ni defenderse”, explicó Evelyn Taveras Handal.
La familia asegura que las grabaciones también muestran conductas del agresor que consideran relevantes para entender lo ocurrido.
Según Carolyn Taveras Handal, en las imágenes se observa cómo el atacante respondía llamadas telefónicas, desconectaba aparatos que sonaban y se desplazaba por distintas áreas del apartamento.
“El teléfono sonaba y él lo desconectaba porque le molestaba el ruido. Si dejaba de sonar, regresaba a donde estaba mi madre. Incluso después de que ella estaba en el piso, volvió a atacarla”, relató.
Las grabaciones también muestran que el agresor regresó varias veces al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima.
Para la familia, estos comportamientos plantean dudas que, a su juicio, debieron ser discutidas en un juicio penal.
El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia explicó que, durante un episodio psicótico, una persona puede realizar acciones aparentemente coherentes.
“Usted puede tener una persona que se esté manejando completamente normal, pero con un contenido psicótico en su pensamiento”, indicó.
Los brotes psicóticos, explicó el especialista, pueden durar minutos, horas, días o incluso meses.
Tras ser reducido por agentes policiales con una pistola eléctrica, Jean André Pumarol no fue llevado de inmediato a prisión. Debido a que presentaba una crisis psicótica aguda, fue trasladado a la Unidad de Salud Mental de la Clínica Gómez Patiño.
Al día siguiente fue conducido a la unidad de salud mental del Hospital Moscoso Puello para una evaluación de psiquiatría forense.
En ese momento se planteó que una posible infección urinaria pudo haber desencadenado la crisis psicótica, una explicación que especialistas han cuestionado.
“Es un disparate decir que una infección urinaria desencadenó una crisis psicótica”, sostuvo Guerrero Heredia.
Las infecciones urinarias pueden provocar delirio en algunos pacientes, pero difícilmente explican conductas complejas y prolongadas como la cadena de ataques ocurrida en Naco.
La investigación reveló que Jean André Pumarol tenía antecedentes psiquiátricos desde 2017.
Ese año, a los 23 años de edad, comenzó a presentar delirios de grandeza y persecución, ideas religiosas extremas y comportamientos erráticos. Fue internado en la Unidad de Salud Mental de la Clínica Gómez Patiño durante más de un mes.
El diagnóstico fue esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave caracterizado por delirios y alucinaciones.
En ese momento se le prescribió clozapina, uno de los antipsicóticos más potentes utilizados en psiquiatría.
A lo largo de los años siguientes fue evaluado por distintos especialistas y sometido a múltiples internamientos, incluyendo el Centro de Larga Estadía Dr. Baquero, donde recibió terapias electroconvulsivas.
Sin embargo, la evaluación de psiquiatría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) detectó un vacío importante en el expediente clínico.
Entre febrero de 2022 y el 23 de julio de 2025, día del ataque, no existe documentación detallada que permita reconstruir la evolución de su estado mental.
Para la familia de Ivonne Handal, ese vacío plantea interrogantes sobre el manejo del caso.
“Tengo entendido que nadie en el edificio sabía que él tenía esquizofrenia. Ni siquiera los vecinos más cercanos”, señaló Carolyn Taveras Handal.
El conserje del residencial, con más de diez años trabajando en el lugar, tampoco conocía la condición del joven.
Tras el ataque, el Ministerio Público presentó acusación por homicidio voluntario, delito que conlleva penas de entre 10 y 20 años de prisión.
Inicialmente se le impuso tres meses de prisión preventiva.
Sin embargo, la defensa solicitó una evaluación psiquiátrica. El informe forense indicó que el imputado tenía la capacidad de enfrentar un proceso judicial, aunque no podía afirmarse con certeza si el día de los hechos había sufrido un brote psicótico.
A pesar de ello, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió aplicar el artículo 64 del Código Penal dominicano y declarar inimputable al acusado.
El juez Deivi Timoteo Peguero concluyó que Jean André Pumarol no estaba en condiciones de enfrentar un juicio penal y ordenó su libertad.
La decisión fue celebrada por la familia del imputado.
“Se hizo justicia porque mi hijo está enfermo. Él no lo hizo consciente”, expresó su madre, Johanna Fernández.
Para la familia de Ivonne Handal, el fallo representa una profunda injusticia.
“Estamos destrozados. Fue una muerte brutal y no hubo ni siquiera un juicio de fondo”, dijo Carolyn Taveras Handal.
El abogado de la familia, Miguel Valerio, explicó que la audiencia celebrada tenía como objetivo determinar si existían pruebas suficientes para ir a juicio.
Según su interpretación, el tribunal adelantó una decisión que debía debatirse en un proceso de fondo.
“La inimputabilidad es un eximente de responsabilidad penal que debía discutirse en juicio, con peritos y médicos”, sostuvo.
La familia adelantó que presentará un recurso de apelación.
La decisión también generó reacciones públicas. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió un mensaje de indignación en redes sociales, mientras que la primera dama, Raquel Arbaje, expresó su preocupación por la liberación del acusado.
El caso ha reabierto el debate sobre la forma en que el sistema judicial dominicano maneja los delitos cometidos por personas con trastornos mentales.
Aunque en los últimos años se han habilitado pabellones especializados de salud mental dentro de varios centros penitenciarios del país, especialistas advierten que el sistema sigue enfrentando importantes limitaciones.
La prisión común no está diseñada para tratar enfermedades psiquiátricas, mientras que la libertad sin supervisión genera preocupación en la sociedad y en las propias víctimas.
A esto se suma el alto costo de los centros privados de salud mental, que limita el acceso a tratamientos prolongados y especializados.
Mientras continúa el debate judicial, la familia de Ivonne Handal insiste en que su lucha no busca venganza, sino evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
“A nuestra madre no nos la van a devolver”, dijo Evelyn Taveras Handal entre lágrimas. “Pero no podemos permitir que algo así vuelva a pasar”.
