La propuesta legal que aprobaron los diputados sustituiría a la actual Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que, aunque prohíbe a los funcionarios beneficiarse de contratos con el Estado, no establece sanciones penales para quienes infringen esa disposición.
La ley 340-06 solo contempla sanciones administrativas como inhabilitación del cargo y deja a disposición de otras leyes cualquier consecuencia penal.
Prisión para funcionarios
El nuevo proyecto, estudiado por meses en una comisión especial de diputados, incluye un título penal completo, que detalla las consecuencias judiciales para quienes falseen información, se beneficien de contratos prohibidos o cometan tráfico de influencias.
Por ejemplo, el artículo 234 del proyecto establece penas de dos a cinco años de cárcel contra los funcionarios y los legisladores que participen en negocios y contratos con el Estado.
Más arriba, el proyecto de ley establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros, los senadores, los diputados y otros funcionarios están inhabilitados para participar en procesos de contrataciones y, si lo hacen, pueden enfrentar penalidades carcelarias.
Además, la propuesta plantea multas de entre 20 y 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante al menos cinco años para funcionarios que violen la ley.
El artículo 233 del proyecto castiga con prisión de uno a tres años a quien incurra en falsedad en las declaraciones juradas para registrarse como proveedor o participar en contrataciones.
Mientras que el artículo 235 busca sancionar con hasta cinco años de prisión a cualquier funcionario que se interese en provecho propio o ajeno en contratos en los que tenga competencia por su cargo.
La propuesta también persigue castigar a los ciudadanos que ofrezcan sobornos o dádivas a los funcionarios para beneficiarse con un contrato del Estado. Por cometer ese delito, un ciudadano podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
Un nuevo sistema
El proyecto también crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Este sistema se estructurará en torno a dos aspectos:
Una centralización normativa, responsabilidad exclusiva de la DGCP, que establecerá las políticas, normas y regulaciones obligatorias para todas las instituciones sujetas a la ley.
Una descentralización operativa, en la que cada entidad contratante será responsable de ejecutar los procedimientos de contratación, incluyendo la planificación y ejecución de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales.
Por pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el proyecto fue aprobado en una primera discusión. Durante la sesión del miércoles se leerá íntegramente y el jueves será aprobado en una segunda discusión para ser remitido al Senado, donde deberá agotar el mismo proceso.
Aunque el Senado ya había aprobado totalmente el proyecto en el 2024, la iniciativa se detuvo en la Cámara de Diputados por falta de acuerdos con los sectores que serían impactados si la ley es aprobada.
