Iván Silva, vocero del bloque de los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), denunció este lunes un supuesto delito financiero al Estado Dominicano por una suma de 20 mil millones de pesos, caso en el que involucró a 29 bancos dominicanos por considerar que violaron la Constitución Dominicana.
Entre las 29 entidades mencionó al Banco de Reservas, Banco Múltiple BHD León, el Banco Popular, Scotiabank de la República Dominicana, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Nacional de Ahorros y Préstamos y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banesco Banco Múltiples, Banco Múltiple Caribe, Banco Múltiple Ademi, Banco Múltiple López de Aro, entre otros.
“Quedan pocas dudas de qué estamos ante un fraude financiero, tributario y fiscal, donde 29 entidades de intermediación financiera con la categoría del Banco de Reservas, Banco Múltiple BHD, Banco Popular, Scotiabank de la República Dominicana, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Nacional de Ahorros y Préstamos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, entre otras se han confabulado, con estos dos funcionarios Jochi Vicente, ministro de Hacienda y Luis Valdez, director General de Impuestos Internos, para ejecutar una violación a más de 15 leyes del Estado dominicano a fin de beneficiar, política profesional y posicionalmente, tomando como pretexto la obligación tributaria consignada en el Impuesto Sobre la Renta”, aseguró el legislador.
De igual manera afirmó que tanto el ministro de Hacienda y el director General de Impuestos Internos, “masajeaban su vanidad y arrogancia” para ejecutar y cumplir en nombre de la República Dominicana, un acuerdo que establecía unos intereses que, para los años 2022 y 2023 serían de un 5%, pero para los años comprendidos desde 2024 hasta el 2031, los intereses serían de 11.25%, con lo cual la caducidad de éste empréstito, sobre pasaría la legislatura actual y las dos legislaturas subsiguientes.
Al expresarse en rueda de prensa, Silva dijo, que evaluará con sus abogados y consultorio político la posibilidad de valorar estas violaciones, las cuales por su gravedad constituyen delitos fiscales, con el fin de establecer la responsabilidades y las acciones signadas, tanto con las entidades públicas como con las corporaciones privadas involucradas.
