Se rumora en los corrillos judiciales que el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y demás imputados del caso Medusa serán beneficiados con un supuesto acuerdo político que implicaría la variación de la prisión preventiva y devolución de bienes.
El convenio presuntamente ha sido socializado entre dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD).
El rumor ganó fuerzas cuando se varió de prisión preventiva a domiciliaria a imputados de los casos Antipulpo, Coral, Coral 5 G y otros de corrupción cometidos en las administraciones del expresidente Danilo Medina.
Luego de la variación de la prisión preventiva a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina y principal imputado del caso Antipulpo, los procesos por corrupción administrativa han dado un giro de 180 grados y, desde entonces, los jueces están variando la prisión preventiva a todos los encartados.
Bajo el principio de que la ley debe medir a todos con la misma vara, los tribunales se ven compelidos a sustituirle la prisión preventiva a Jean Alain Rodríguez y a los demás imputados que están en las mismas condiciones.
Las últimas decisiones de casos de corrupción emanadas de los tribunales han agrietado las relaciones entre el órgano acusador y los juzgadores, ya que el primero entiende que algunos magistrados son benevolentes y que no aportan nada a la lucha contra la corrupción.
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A pesar del amplio trabajo que ha realizado el Ministerio Público en el caso Medusa, todo parece incitar que el mismo será imposible, no solo por la cantidad de imputados, sino por los miles de documentos que hay que conocer y los múltiples incidentes que presenta la defensa de los imputados, hasta en el inicio del proceso. Hasta para un aplazamiento hay que agotar una audiencia de un día de debate.
Ayer el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción otorgó una serie de plazos para que las defensas por los inconvenientes que han tenido con el disco duro contentivo de los elementos de pruebas acudan al Ministerio Público a corregirlos con asistencia de técnicos de la institución, la cual deberá rendir un informe sobre lo previamente ordenado.
El juez Amauri Martínez Abreu reenvió la audiencia luego de más de 7 horas de debates en los que el Ministerio Público, representado por la directora de Persecución Yeni Berenice Reynoso, acusó al exprocurador de obstaculizar el proceso con el único fin de buscar su impunidad.
