La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó una fuerza de tarea especial para realizar una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.
El equipo conformado por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, buscará indicios de acciones penales en el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.
Su objetivo es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, explica la instrucción de Yeni Berenice.
Asimismo, la procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Al motivar la decisión, la procuradora general afirmó que “la conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones”.
El Ministerio Público destacó que esa acción forma parte de una serie de medidas estratégicas que implementa para fortalecer su estrategia de persecución de los delitos ambientales que impactan áreas de conservación que son clave para la seguridad hídrica de toda la población.
Explicó que la instrucción de la procuradora general conlleva un nuevo reenfoque, que implica un cambio estructural en la persecución de todos los delitos ecológicos que, por su lesividad para todo el tejido social, deben ser tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado su impacto, muchas veces irreversible, para las presentes y futuras generaciones.
