El Ministerio Público solicitó a un tribunal de San Francisco de Macorís se les imponga la prisión preventiva a cinco empleadas del Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi), del sector Pueblo Nuevo, de esta provincia, por el caso de un niño fallecido en ese centro de cuidado infantil.
El órgano investigador solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que se le aplique la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva a Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial; Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo; Rosmery Cross Olivo, maestra, y Katerin Castaño Bautista, asistente de maestra, para ser cumplida en la Cárcel Pública para Mujeres de Salcedo o en Nagua.
Las ahora imputadas fueron arrestadas luego que, durante el proceso de investigación, se estableciera su vinculación con la muerte del niño bajo su cuidado, hecho fatal que ocurriera el pasado 2 de septiembre, al parecer mientras se encontraba jugando con un carro dentro de un cubo con un aproximado de 70 CM de un líquido incoloro que se presume haya sido agua.
Según notificara el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el niño falleció a consecuencia de asfixia mecánica por ahogamiento, además de contusión epicraneal en región occipital.
La solicitud de medida de coerción señala que el hecho se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia, e inobservancia de los reglamentos del personal responsable de los niños.
Las implicadas en el caso enfrentan cargos de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores de edad, tipificado y sancionado en los artículos 319 y 351, párrafo 2, del Código Penal.
La solicitud de medida de coerción, donde el Ministerio Público pide al tribunal que fije la fecha y la hora de la audiencia para su conocimiento, está sustentada con diferentes pruebas documentales, testimoniales y materiales, suficientes, para el envío a prisión de las imputadas.
