El conocimiento de la medida de coerción en contra de cinco empleadas Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís, fue aplazado para el próximo lunes por la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Duarte.
El aplazamiento se produjo para darle la oportunidad a los abogados de la defensa de presentar los presupuestos de sus clientes, imputados por la muerte de un niño de un año y 10 meses de nacido que se encontraba bajo su cuidado.
Las empleadas del Caipi Elena Hernández Muñoz, Carmerys Liriano de Candelier, Yanina Rojas Moronta, Rosmery Cross Olivo y Katerin Castaños están acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato infantil.
El Ministerio Público está solicitando tres meses de prisión preventiva como medida de coerción para las cinco imputadas.
Smaily Rodríguez, fiscal de San Francisco de Macorís, justifica la solicitud por la negligencia y dejadez en los cuidados del menor de edad en la estancia infantil.
