Este jueves el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dará a conocer si acoge el pedimento del Ministerio Público de condenar a cinco años de prisión al pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, acusado de abuso sexual infantil.
Durante la audiencia, fijada para las 3:00 de la tarde, los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y JosĂ© Juan JimĂ©nez tambiĂ©n informarán si ordenan a Franco Aybar pagar una multa de 10 salarios mĂnimos de lo establecido por el Banco Central en beneficio del Estado dominicano, asĂ como el pago de las costas penales del proceso.
Igualmente, el Ministerio PĂşblico espera que el tribunal condene a 10 años de prisiĂłn a la madre de la presunta vĂctima, procesada por explotaciĂłn sexual de menores y lavado de activos. Asimismo, que se le imponga el pago de una multa equivalente a 30 salarios mĂnimos en beneficio del Estado dominicano.
Del mismo modo, pidiĂł que se ordene el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la acusada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensiĂłn superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, RD$2,100,000 que se encuentran depositado en el Banco AgrĂcola de la RepĂşblica Dominicana, sucursal Puerto Plata, asĂ como la suma de 68 mil 500 dĂłlares americanos y 800 mil pesos dominicanos. Igualmente, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la acusada, que han sido inmovilizadas por el Ministerio PĂşblico en virtud de una orden especial y autorizaciĂłn judicial, además del pago de las costas penales del proceso.
El Ăłrgano persecutor solicitĂł al tribunal que Franco Aybar y la progenitora de la menor cumplan sus respectivas penas privativas de libertad en los centros de correcciĂłn y rehabilitaciĂłn San Felipe, en Puerto Plata, y Rafey Mujeres, en Santiago.
El expediente acusatorio señala que la conducta de Franco Aybar y la madre de la adolescente viola las disposiciones de varios artĂculos del CĂłdigo para la ProtecciĂłn y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el CĂłdigo Penal Dominicano y la Ley 137-03 sobre Tráfico IlĂcito de Migrantes y Trata De Personas, asĂ como la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio PĂşblico sustentĂł su acusaciĂłn con 165 pruebas.