Es un punto común que el consumo de alcohol y los niveles de contaminación sonora en espacios públicos se han convertido en un problema agudo en los últimos años. Pese a los planes para su control, el expendio de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche es una de las mayores causas de la inseguridad en la actualidad, convirtiéndo en un foco de vulnerabilidad tanto al comercio que expende como a aquellos residentes que se encuentran en las proximidades. Esto viene aparejado con el exceso de sonidos que alteran las condiciones normales del ambiente, afectando espacios públicos dedicados a contribuir al desarrollo pleno de la ciudadanía.
Es evidente que cada año se agrava la realización de estas actividades, llegando a catalogarse como normales para algunos sectores. Se destacan, como fuente directa de este fenómeno, el incremento desordenado de comercios que fomentan la concentración de grandes cúmulos de personas que se adueñan de las vías públicas, favoreciendo la generación de amenazas que constituyen focos claves que elevan los niveles de delincuencia e inseguridad.
No es un secreto que la delincuencia y la criminalidad constituyen una de las amenazas principales para el pueblo dominicano. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con el objetivo de priorizar la desarticulación del desorden, modernizar la gestión de la seguridad, promover una política firme de persecución al delito y ofrecer programas de vinculación social y educación, ha puesto en marcha una serie de medidas que buscan cumplir con el mandato constitucional de salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener el orden público.
La Ley 64-00 regula la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, catalogando como contaminación sónica los sonidos que por su nivel y frecuencia afectan la salud humana. En su artículo 114 faculta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con las autoridades regulen la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos.
Por su parte, la Ley 287-04, sobre prevención de ruidos nocivos, en su artículo 6 establece la obligación de implementar sistemas de aislamiento acústico a toda persona física o jurídica que se dedique a actividades que por su naturaleza produzcan ruidos permanentes o usen equipos que lo generen. Así también, dispone en su artículo 2 que la producción de ruidos nocivos o molestos, cualesquiera fueren su origen y el lugar en que se producen, está prohibida dentro del ámbito de las zonas urbanas del país.
La cuestión de la especie no se trata de si hay o no marcos legales insuficientes o decisiones judiciales oportunas, se trata de un fenómeno social que atenta contra la vida y el desarrollo armonioso de los ciudadanos. Para nadie es un secreto que con ello se presenta el reto de sectores que se oponen a luchar contra una cultura de caos y desorden que desafían la capacidad de actuación de las autoridades.
En ningún país medianamente desarrollado y reglamentado se ve personas tomando alcohol en vehículos con sonidos que causan disturbios, situación que se agrava cuando sucede en horas de la noche y en áreas públicas. La proliferación de centros de desorden, el consumo desproporcionado de alcohol, niveles de sonidos que irrespetan los decibeles permitidos y el caos del tránsito terrestre son fenómenos que están unidos todos y generan no más que una cultura violenta de antivalores empujado por sectores que se oponen al control.
Con ello no se está diciendo que no se puede consumir alcohol, escuchar música y compartir con seres queridos, pues son actividades que desde siempre nos han acompañado; lo que sí no se puede es pretender contribuir a un ambiente que alimente la violencia y la delincuencia, consumiendo alcohol a altas horas de la madrugada y generando sonidos que perturban la paz social.
Como ciudadanos conscientes, debemos promover una cultura que contribuya a mitigar los conflictos y los problemas que amenazan la armonía, y la convivencia social y pacífica. Para este cometido, apoyémonos de las mesas de seguridad, ciudadanía y género que están formadas en los 158 municipios del país. En estos espacios confluyen la presencia de figuras claves para presentar soluciones que generen respuestas integrales a las dificultades que enfrentamos.
Este es el momento de continuar tomando medidas urgentes e inteligentes, siempre correspondidas en nuestros marcos legales, y crear espacios nacionales para definir un plan de acción que siga contribuyendo al rescate y humanización del sistema de seguridad ciudadana.
FINJUS reitera su compromiso de apoyar la labor que realizan las autoridades en este aspecto para comenzar a crear una nueva cultura de armonía social en el país.
Tomado de RC Noticias
