Según señaló la organización en un comunicado de prensa, los trámites llevados a cabo entre el Banco Central y el actual ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla, violan las leyes y Constitución dominicana.
En septiembre de 2017, el Banco Central fijó el precio de los terrenos del canódromo en 298 millones de pesos, espacio previamente adquirido mediante proceso de liquidación en 1994 a través de la Superintendencia de Bancos, y, tras varias publicaciones en su página web y periódicos nacionales, en julio de 2020 se aceptó la propuesta de compra de la empresa CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L.
De acuerdo con Justicia y Transparencia, en agosto de 2017, cuando Carlos Bonilla aún no era funcionario, emitió un cheque por valor de 89,400,000 pesos a nombre del Banco Central como pago inicial del 30 %, a falta de unos 600,000 pesos pagaderos en cheque, más la promesa del abono de 208 millones con préstamos del Banco de Reservas, todo ello a nombre de la empresa, CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L, de la que poseía el 99 %.
Para FJT, las ilegalidades se producen cuando el ministro liquida la compañía beneficiaria en 2021, una práctica regular en las actividades comerciales del titular, quien entró al gobierno con participación prioritaria en más de ocho compañías, según la información que maneja la entidad.
Posteriormente, en agosto de 2021, en pleno ejercicio de sus funciones como director del Instituto de la Vivienda y luego como ministro, Bonilla solicitó consentimiento al Banco Central para traspasar el contrato de compraventa a nombre de CBS Developments S.R.L, compañía previamente liquidada y constituida nuevamente en 2018, pretensión que fue acogida. La FJT sustenta sus afirmaciones en la declaración jurada de Bonilla sobre las empresas en las posee acciones, ratificada el 11 de agosto de 2021, fecha en que fue designado ministro.
También en el registro mercantil a nombre CBS Developments S.R.L. y, de manera principal, en el acta de asamblea de agosto de 2021 donde Bonilla autoriza y dirige todo lo relativo al traspaso y negocio de la compra del canódromo, ya transferido a otra de sus empresas.
Para la organización, otro punto a considerar y que debió haber sido atendido por el Banco Central es “el perjuicio estimado en más de 800 millones con la venta del canódromo”, tomando en cuenta la publicación oficial del Catastro Nacional, como dependencia del Ministerio de Hacienda, con el tarifario de precios acordados para Santo Domingo.
El documento cifra como promedio para el valor del terreno, ubicado en los Altos de Arroyo Hondo, en unos 7,500 pesos por metro cuadrado que, aplicado a los 147,188.83 metros cuadrados de las instalaciones asciende a 1,103,916,225.00, a los que, restándole el precio acordado de 298 millones de pesos, deja 805,916,225 pesos.
La FJT señaló, además, que la participación de un ministro en el ejercicio de sus funciones y actuando como empresario implica la violación a la ley de función pública, la ley sobre compras y construcciones de bienes y servicios con el Estado y la Constitución de la República.
Tomado de Diario Hispaniola
