La red internacional de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Búfalo NK, movió miles de millones de pesos en el mercado dominicano gracias a maniobras fraudulentas en las que el principal imputado, utilizó como testaferros a su esposa, hijos, hermanos, cuñados y amigos, según expone el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción interpuesta contra el grupo.
Conforme a la solicitud de medida coerción, Rafael Ynoa Santana (el Cojo), adquirió una serie de bienes en muebles e inmuebles a nombre propio y utilizando otras personas, dentro de los cuales figuran su esposa Germania Mercedes, Natali Román (Natali), sus hijos Quesia Natali Ynoa Román y Jeffry Rafael Ynoa Román; sus hermanos Teodoro Ynoa Santana, Justo Ynoa de la Rosa y Zoila Ynoa Alcántara, su cuñado Cristian Alcántara Javier, además de los señores Robert Nicolás Acosta Adames, Maritza Flete Guzmán, y su intermediario Ronny Emmanuel Rodríguez Moronta.
Dice el Ministerio Público que la red criminal utilizó múltiples tipologías de las ya conocidas para el lavado de activos de sus actividades del tráfico de drogas, logrando el órgano acusador y los organismos de seguridad del Estado identificar en el desarrollo de la investigación, movimientos de miles de millones de pesos, en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito para tratar de dar apariencia e introducir el mismo en el mercado financiero e inmobiliario dominicano.
Dentro de las tipologías utilizadas para el lavado del dinero se señala, la colocación en el sector transporte y ganadero a través de la adquisición de vehículos, para uso y disfrute personal y ocultamiento de dinero ilícitos, fruto de las sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar y personas jurídicas constituidas a esos fines.
También, la estratificación en el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construyeron edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros, abogados y contables que trabajan para la organización criminal; y en el caso de los alquileres a través del vehículo societario las empresas investigadas antes descritas.
