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22 años de prisión para el coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

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Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza. Foto: Sierra Club

Un Tribunal de Honduras, condenó este lunes a 22 años y seis meses de prisión al hondureño Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016. Un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019. Este caso, se ha convertido en uno de los más emblemáticos en relación a la defensa de los derechos ambientales en este país.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado en julio de 2021 como "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y hoy, luego de un esfuerzo incansable por parte de la familia de Cáceres y sus seguidores, finalmente fue condenado a 22 años y seis meses de prisión.

Según el Ministerio Público de Honduras, Castillo “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque”, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.

La condena contra Castillo se conoce casi un año después de ser declarado culpable y tras cuatro postergaciones por parte del Tribunal de Sentencia. 

Este mismo Tribunal fue el encargado en leer la sentencia en presencia de la parte acusadora que fueron el Ministerio Público, los familiares de Cáceres, encabezados por su hija, Bertha Zúñiga, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), defensores de derechos humanos, entre otros.

Asimismo, el Ministerio Púbico de Honduras, agregó que no tiene "ningún avance real para esclarecer la autoría intelectual" en el asesinato de Cáceres. 

Por el crimen fueron condenados en 2018 siete personas que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte y Oscar Torres Velásquez fueron condenados a 34 años por el crimen y 16 años por intento de asesinato.

¿Quién es Roberto Castillo?

Roberto David Castillo, "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista. Foto: Radio Progreso

Castillo es ingeniero eléctrico y militar de carrera. Cuando ocurrió el asesinato, era presidente ejecutivo de la empresa DESA, encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto al cual la ambientalista se opuso.

La lectura de sentencia contra Castillo estaba programada para el 17 de junio, no obstante, la fecha fue removida por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, así lo indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El agosto de 2021, el Ministerio Público solicitó "el castigo máximo, 25 años de cárcel, señalando como circunstancias agravantes que el hecho se ejecutó con abuso de superioridad o confianza, por medio de precio o recompensa y cometiendo el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología".

Una sentencia que no convence a los familiares de la ambientalista 

"La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de justicia del pueblo lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda", sostuvo Bertha Zúñiga, hija de la líder ecologista.

Malestar que se extendió por los seguidores y compañeros de lucha de Cáceres, quienes agregaron sus reflexiones sobre el caso por medio de un comunicado. "Habrá justicia completa cuando hayan capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen", subrayó el Copinh. 

La organización lenca y la familia de Cáceres, asimismo, indicaron que han realizado propuestas concretas para avanzar hacia una "justicia integral" para la ambientalista y poder garantizar "los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".

Sin embargo, en materia legal la defensa de Cáceres, pese a estas impresiones, aplaudió el resultado. “Lo que hoy pasó hay que reivindicar como una victoria del Copinh y el pueblo lenca”, subrayó Víctor Fernández, uno de los abogados de la ambientalista. 

Cáceres y su legado 

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía por sostener su lucha en favor de los derechos ambientales. 

La ecologista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños irreparables al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

No tuvo temor de enfrentarse a la empresa, y pese a su muerte, sus compañeros y seguidores, sostienen el legado de una mujer que murió por proteger la tierra.

Tomado de France 24

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