Si es pertinente o no la solicitud del acusado de matar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz, quien solicitó se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos, es el dilema que está sobre el tapete en el Ministerio Público.
La información de que la petición está siendo analizada por la entidad del orden, fue confirmada por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, quien dijo que, junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, están discutiendo la solicitud del imputado, recluido actualmente en la cárcel de Najayo.
“Es importante que por respeto a la jerarquía en nuestra institución esperemos que ya de manera formal nosotros vamos a estar dando respuesta”, destacó la fiscal titular del Distrito Nacional.
Puntualizó igualmente que esta semana van a terminar los interrogatorios a varios testigos y que ya el Ministerio Público tiene en sus manos los resultados de la autopsia practicado al cadáver del funcionario.
Expresó además que la muerte del ministro de Medio Ambiente, un hecho lamentable que ha conmocionado al país, a la comunidad internacional y jurídica del país, ha motivado a que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designara a la directora de persecución para que la acompañara en la investigación del asesinado de Jorge Mera.
La petición fue enviada a la fiscal del Distrito Nacional, por medio de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, quienes piden que la entrevista se realice en la celda en donde guarda prisión con las periodistas Julissa Céspedes y Alicia Ortega, la Z-101, El Sol de la Mañana, sin que esto sea limitativo a los demás medios de comunicación.
Como se recordará, Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia, ocurrida el 6 de junio en las oficinas de Medio Ambiente. De acuerdo al expediente del órgano acusador, el apodado “Carandai”, planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.
Supuestamente, el imputado estaba frustrado porque “hizo campaña política para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y no le resolvieron”.
