Tras haberle agrega más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas, superando a 3,000 el volumen de pruebas, el ministerio público depositó su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, casi con el tiempo justo antes de vencerse el plazo convenido para la presentación de la acusación sobre el caso Medusa.
El pasado sábado a las 11:42 de la noche fue depositado el expediente por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
La imputación que recae en contra de los acusados, cuyo principal involucrado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez incluye lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otras normas, durante el período 2016 -2020.
Tan pronto fue depositado el expediente, fue guardado bajo llave en el despacho de un juez del juzgado de Atención Permanente que funciona como tribunal transitorio, esto porque quien tiene que apoderar a un tribunal la acusación es la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, la jueza Kenya Romero.
La actual acusación refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre no ha sido identificado, narró en detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción del Plan de Humanización de la Procuraduría, incluyendo el pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron la construcción de la Nueva Victoria.
El mismo sostiene que el imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a República Dominicana, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas.
Según el ingeniero, los contratistas le pidieron que intercediera, por lo que procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo, ya que Canó no quería ver a ningún contratista.
En aquella ocasión, cuenta, se reunió con el exjefe de gabinete de la Procuraduría, donde le pidió que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para él era una extorsión. “Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente”, alega la acusación.
El ex procurador, recluido ahora en la cárcel de Najayo, es acusado de integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, en su mayoría con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
El 28 de junio fue conocido un informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoría a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría, en la que detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
