El viernes en la noche el procurador adjunto Wilson Camacho respondió preguntas a la prensa y en su intervención ante los micrófonos y cámaras, destacó la fortaleza de los expedientes y las pruebas aportadas a los tribunales en los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público contra imputados de sustraer fondos de los contribuyentes al cometer actos de corrupción administrativa.
Camacho, quien está al frente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refería así a la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras González por el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras y que emitió sentencia absolutoria a favor de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), procesado por corrupción administrativa, así como de otros involucrados en dichos hechos.
“Con relación a ese caso, nosotros vamos a esperar la decisión íntegra para decidir en consecuencia. No obstante, lo que vimos ayer es una muestra de que en República Dominicana cuando se trata de temas de corrupción, hay que sobreprobar”, dijo al abandonar un tribunal localizado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conocía una audiencia de los casos Coral y Coral 5G.
“En los casos de corrupción en República Dominicana se ha establecido un estándar que es irracional y metafísico; incluso, se ha establecido ese estándar con el interés de mantener abiertas las puertas de la impunidad, pero ese es un tema que tiene que parar”, advirtió el magistrado.
