Wilson Camacho, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), defendió la legalidad del informe elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría, con el cual se dio por iniciada la investigación contra el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y compartes.
Camacho manifestó que toda la información recibida del referido caso son documentos oficiales y enviados por los incumbentes de las mismas.
“Todas las informaciones que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos, esa información es recibida de manera oficial, enviada por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones, y este caso no es la excepción”, aludió en respuesta a preguntas de periodistas que lo cuestionaron a propósito de los datos difundidos en la prensa por el abogado Ángel Lockward sobre uno de los casos en investigación.
“Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condición de llegar a un tribunal”, dijo al tiempo que recordó que la Pepca no da detalles de investigaciones en curso.
“Repito, no podemos dar detalles sobre investigaciones abiertas. Nuestras investigaciones siempre se conocen por sus resultados y yo les ruego, esperen los resultados”, puntualizó.
Caso Donald Guerrero
El ex ministro de Haciendas, Donald Guerrero, habría encabezado una supuesta red corrupta que estafó al Estado con más de 17,000 millones de pesos. Y que el total de lo negociado por la red habría llegado a más de 19 mil millones.
Según un documento de solicitud de información financiera que hizo el Ministerio Público a la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Kenya Romero, Donald Guerrero, junto a otros funcionarios, utilizó deudas públicas para desfalcar al Estado. Todo esto durante los meses en lo que el país estuvo cerrado por la pandemia del Covid 19. Es decir, enero a julio del 2020.
Los señalados en la investigación del PEPCA
“El imputado Donald Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio Cesar Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirrillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar”.
Asimismo, “Simón Lizardo Amezquita, administrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, contralor general de la República. Princesa Alexandra García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la dirección de Reconocimiento de Deuda Publica. Entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda”.
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizando maniobras fraudulentas. Con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales. De los cuales hemos identificado se lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiación de terrenos áreas protegidas; así como la simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deuda administrativa”, indica el documento.
Fuente CDN
